Representantes
del Club Melilla de Baloncesto y de la Ciudad Autónoma de Melilla se han
reunido esta mañana con el presidente de la ACB, Francisco Roca, para
trasladarle sus inquietudes respecto a los plazos y el desembolso del canon de
entrada en la ACB.
Jaime Auday, presidente del Melilla. |
En la reunión,
que tuvo lugar en Madrid, el presidente
del Club Melilla Baloncesto, Jaime Auday, el presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, Juan José Imbroda, y el Consejero de Educación, Juventud y Deporte,
Antonio Miranda, pidieron al presidente de la patronal poder fraccionar la
entrega de los 3.130.000€ que supone el canon de entrada en la máxima liga
nacional. Para ello han propuesto un fraccionamiento del total en varios pagos
a lo largo de los próximos años con cargo, única y exclusivamente, al club. Liquidando previamente a la entrada en la ACB la cantidad de 1.600.000 de euros del Fondo de regulación de ascenso
y descenso, más los 50.000 € de la compra de
las acciones de ACEB Invest S.L al club descendido y la cuota obligatoria de participación de
115.000 €, además de la presentación del aval por valor de 600.000 €.
El motivo
que aducen es que el poco tiempo que existe, entre que un equipo logra el
ascenso y el plazo para la entrega de la documentación y el pago, hace imposible la búsqueda
de un patrocinador fuerte que hiciera frente a la cantidad total. Razón que ha obtenido
la comprensión de Francisco Roca, que les ha pedido que realicen esta propuesta
de manera formal para que él la pueda presentar a la asamblea el próximo 18 de junio.
De aprobarse,
esta propuesta sentaría precedente y abriría la puerta a otros clubes, como el
Ourense, que actualmente se encuentran en una situación comprometida para ascender, pero que
no tendrían problema a la hora de hacer frente a pagos escalonados, por lo que
podrían subir sin dificultades a la maxima categoría. Sin embargo, la cuestión que subyace en esta
propuesta, haciendola inviable, es que sería el club quien se haría cargo de los pagos, algo que, lógicamente, no es factible, por lo que debería ser una entidad pública: comunidad, ayuntamiento
o diputación, la que se hiciera cargo directamente de hacer frente a los
vencimientos. Aunque, como todos sabemos, estas pagan tarde y mal, por lo que
la propuesta parece poco menos que un brindis al sol, y da a entender que no se trata
nada más que de un postureo de cara la opinión pública con fines electoralistas
únicamente.
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